Los senadores de la región también estuvieron al tanto por el fraude en los proyectos fantasmas en la región que presenta el Gobierno Regional de Valparaíso, tras los fraudes que ya alcanzan los $1600 millones por el anterior gobierno de Iván de la Maza.Una reunión con el Fiscal Regional, Jorge Abott, sostuvieron ayer los Senadores Francisco Chahuán y Lily Pérez con el objeto de pedirle “la mayor celeridad en la investigación” del presunto fraude detectado en la Intendencia de Valparaíso y las “máximas sanciones para sus responsables”.
Chahuán precisó que “le hemos solicitado, además, que se determine qué personas están involucradas en esta defraudación al Fisco y se establezca si estamos ante una asociación ilícita para delinquir”.
Añadió que “creemos que la hay (una asociación ilícita para delinquir), que involucra no solamente a funcionarios públicos, sino también a otros que pudieron verse involucrados para los efectos de apropiarse de fondos públicos, pues al parecer se trataba de un modus operandi bastante común”. Agregó que entregaron antecedentes sobre 10 proyectos que fueron aprobados y pagados en 1999, pero no ejecutados.
Sostuvo que “vamos a velar para que se persigan, no sólo las responsabilidades penales, sino también las políticas y administrativas”, subrayando que “queremos que se llegue a los responsables, pero no a los funcionarios de menor grado, y que se establezca el destino final de los recursos, pues creemos que no es casualidad que esto coincida con época de campañas electorales”. Chahuán dijo que “el Fiscal nos ha dejado tranquilos, está abriendo otras aristas de la investigación que pueden ser importantes, pero necesitamos claridad sobre el destino de los fondos, de manera que no sean las personas más modestas de nuestra Región las que terminen pagando el pato, como ocurrió con las Planes de Generación de Empleo”.
Indicó también que entregarán los antecedentes que manejan a la Contraloría Regional, llamando a la ciudadanía “a que nos hagan llegar la información que disponen para derivarla a la Fiscalía o al Fiscal Regional directamente, quien nos da toda la confianza de que pretende llegar hasta quienes idearon esta maquinación”.
Finalmente, el senador Chahuan aseveró que “no es posible que en nuestra Región nuevamente ocurran defraudaciones con fondos públicos en perjuicio de quienes tienen menos y por lo mismo vamos a ser implacables para exigir que se esclarezcan estos hechos.”
Chahuán precisó que “le hemos solicitado, además, que se determine qué personas están involucradas en esta defraudación al Fisco y se establezca si estamos ante una asociación ilícita para delinquir”.
Añadió que “creemos que la hay (una asociación ilícita para delinquir), que involucra no solamente a funcionarios públicos, sino también a otros que pudieron verse involucrados para los efectos de apropiarse de fondos públicos, pues al parecer se trataba de un modus operandi bastante común”. Agregó que entregaron antecedentes sobre 10 proyectos que fueron aprobados y pagados en 1999, pero no ejecutados.
Sostuvo que “vamos a velar para que se persigan, no sólo las responsabilidades penales, sino también las políticas y administrativas”, subrayando que “queremos que se llegue a los responsables, pero no a los funcionarios de menor grado, y que se establezca el destino final de los recursos, pues creemos que no es casualidad que esto coincida con época de campañas electorales”. Chahuán dijo que “el Fiscal nos ha dejado tranquilos, está abriendo otras aristas de la investigación que pueden ser importantes, pero necesitamos claridad sobre el destino de los fondos, de manera que no sean las personas más modestas de nuestra Región las que terminen pagando el pato, como ocurrió con las Planes de Generación de Empleo”.
Indicó también que entregarán los antecedentes que manejan a la Contraloría Regional, llamando a la ciudadanía “a que nos hagan llegar la información que disponen para derivarla a la Fiscalía o al Fiscal Regional directamente, quien nos da toda la confianza de que pretende llegar hasta quienes idearon esta maquinación”.
Finalmente, el senador Chahuan aseveró que “no es posible que en nuestra Región nuevamente ocurran defraudaciones con fondos públicos en perjuicio de quienes tienen menos y por lo mismo vamos a ser implacables para exigir que se esclarezcan estos hechos.”
En el otro lado de la vereda, los senadores Ricardo Lagos Weber, senador PPD de la Quinta Costa, e Ignacio Walker, senador democratacristiano de la Quinta Cordillera, se reunieron con el Intendente Raúl Celis, en la cita, ambos parlamentarios le plantearon al jefe regional la necesidad de que se fortalezca y apresure la investigación por el desvío de fondos en el gobierno regional, que abarcaría ya más de mil millones de pesos.“Hemos venido a pedir que se fortalezca la investigación, que ojalá se apresure la investigación y, al mismo tiempo, que no se prejuzgue respecto de eventuales responsabilidades, que la justicia haga lo que tiene que hacer y que se cuente con estos senadores para tener claridad respecto de lo que ha ocurrido y que se ejerzan las responsabilidades que correspondan”, afirmó el senador PPD.
El legislador recalcó que “hemos venido a darle nuestro respaldo al intendente Raúl Celis, en los procesos de investigación que se están haciendo y apoyarlo en su gestión. La transparencia y el combate a las malas prácticas es transversal, no tiene color político, es algo fundamental de cautelar, pues estamos hablando de recursos públicos de todos los chilenos y cuando en el sector público hay malas prácticas, eso repercute profundamente en la imagen que la ciudadanía tiene de sus autoridades”.
Concluyó señalando que “las malas prácticas terminan dañando a las instituciones públicas en Chile. Eso afecta a la política en general y eso no tiene color político”.
Por su parte, el senador Walker advirtió que “no deja de ser significativo que los dos senadores de Oposición de la región, ambos de la Concertación, hayamos venido a asumir esta actitud de Estado en virtud de la transparencia, de la probidad, y sin colores políticos Aquí lo importante es que no haya una solución política, sino que una solución judicial”.
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