El senador,
quien es presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta, explicó
que el encuentro se gestó “para solicitar el estudio de la implementación de la
ley de subsidio al transporte público que va a incorporar al taxi colectivo
como receptor de los subsidios del transporte público”. Vale señalar que
dicha disposición se logró gracias a una indicación presentada por el propio
senador Chahuán durante la discusión de la norma y supondrá “incluir por
primera vez en la historia al transporte rural y al transporte menor -taxis y
taxis colectivos- como objeto susceptible de los aportes estatales”.
El
parlamentario precisó que “la idea es que junto a la agrupación de San Antonio,
la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile
(CONTRAMEN) y la
subsecretaria trabajemos en una mesa que nos permita establecer las
condiciones para que los subsidios lleguen a dichas organizaciones”.
Chahuán
sostuvo que se trata de una ley “muy importante, porque va a permitir invertir,
por una parte, en garitas o terminales para estos vehículos; implementar
medidas de seguridad, GPS o pagar las cuotas por la adquisición de algún taxi
colectivo o, por ejemplo, la renovación de los neumáticos por motivos de
seguridad, entre otras materias.” Por lo mismo, valoró la invitación
realizada por la subsecretaria a abocarse juntos a “buscar las fórmulas que nos
permitan lograr una buena redacción del reglamento para implementar la ley en
la cual me jugué, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes,
por incorporar por primera vez en la historia tanto al transporte rural, como
al transporte menor, taxis y taxis colectivos.”
Por su parte,
el presidente de CONTRAMEN, Eduardo Castillo valoró
la reunión realizada “para clarificar lo que nos había anunciado el senador
Chahuán, que ha sido uno de los grandes protectores del transporte menor”.
Agregó que
“queremos que los subsidios para el transporte menor se puedan
desarrollar de forma asociativa y conjunta” y calificó como “un error” el haber
enfrentado el tema de manera individual, pues “es importante que haya una
integración de los actores”. A juicio der Castillo, “esto abre una puerta
para que en 180 días podamos establecer lo que queremos para el futuro, hasta
el 2022, de manera que la ley sea letra muerta y se diseñe una
reglamentación apropiada, como corresponde, para materializar los
subsidios que tendrán que ver con nuevas tecnologías, modernización de los
vehículos, seguridad, infraestructura y la existencia de profesionales que
entienden del tema en las regiones.”
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