La Contraloría Regional de la República determinó iniciar un proceso de auditoría a la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) tras el retraso y abandono de obras del jardín infantil ubicado en el sector de Bellavista, que llevaba cinco años paralizado las obras, la cual se está investigando supuestas irregularidades de obras.
Luego de una denuncia realizada por el diputado Andrés Celis, representante del distrito 7, la Contraloría Regional de Valparaíso iniciará una auditoria en la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para determinar presuntas irregularidades en el retraso en la construcción del proyecto “Construcción salas cunas y niveles medios en Bellavista, San Antonio”.
La edificación debía ser entregada el 21 de junio del 2017, sin embargo, actualmente, está sin concluir, abandonada y poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos, situación que fue informada por el parlamentario en mayo de este año.
Recordemos que en septiembre de 2014, el ente contralor tomó razón de las bases técnicas y administrativas, sin embargo, la JUNJI las modificó en agosto 2015, publicándose el 2016 y adjudicándose recién en octubre del mismo año a la empresa Ehitus Ltda. por un monto cercano a los $814 millones.
Después de varias modificaciones, se autorizó un plazo adicional de 150 días en total, es decir, debía estar listo a fines del 2017 pero el 26 de junio del 2018, la JUNJI puso término anticipado al contrato, cuando contaba con un avance del 80% en obra gruesa y 18% en terminaciones.
Respecto de la auditoría mandatada por la Contraloría, el diputado Andrés Celis manifestó que “una vez más el ente contralor actúa en pro de la transparencia. Valoro que comprenda mi preocupación y que haya dispuesto una auditoría para aclarar el retraso en la entrega de las obras, investigación que espero determine responsabilidades y aplique las sanciones correspondientes. “
“No podemos olvidar que se trata de un sector donde hay un grave déficit en educación preescolar, la edificación que está sin concluir, pone en riesgo la seguridad de los vecinos , sin dejar de lado los al menos, $814 millones, que invirtió la JUNJI en un proyecto que debía estar listo en junio del 2017, sin considerar los $34 millones que debieron pagar a los trabajadores de la constructora por avenimientos judiciales”.
“Lo anterior, no hace más que demostrar la poca eficacia y eficiencia con la que se han administrado esos recursos públicos, situación que hasta la fecha continúa perjudicando a los niños de San Antonio”, finalizó el diputado Celis Montt.
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