La iniciativa incorpora modificaciones a la ley 19.169, que establece las normas sobre el otorgamiento de los Premios Nacionales, con el fin de establecer un procedimiento para revocar el Premio Nacional, en caso de que el beneficiario sea condenado por pena aflictiva o se realice una solicitud de revocación fundada en la existencia de antecedentes de abuso sexual, acoso sexual o violencia de género.
La iniciativa se gestó a propósito del caso de Hugo Montes, Premio Nacional de Educación 1995, quien cuenta con más de 200 denuncias por abusos sexuales y cuyo Premio Nacional tuvo que ser revocado mediante un decreto, pues la legislación actualmente no contempla otro mecanismo.
“Hoy estos premios son de carácter indefinido, pese a los delitos que un premiado pudiese cometer o haber cometido, o a las denuncias que haya en su contra. Nuestra mirada es que tal como se otorga un premio, este puede quitarse. El premio no es un derecho, por tanto ante denuncias o condenas en materias tan graves como el abuso y el acoso sexual, por supuesto que creemos el premio puede y debe ser revocado”, explica la diputada Camila Rojas.
“Es relevante mencionar que la categoría de Premio Nacional alude a más que la obra, porque las personas que son premiadas son consideradas referentes no sólo en su ámbito, sino que en general. Por eso nos parece plausible la exigencia de idoneidad personal", agrega la parlamentaria.
Pese a la votación unánime en general, un punto de discrepancia con varios de los miembros de la comisión de Cultura está referido a la necesidad de contar con una sentencia condenatoria de casos de abuso sexual, acoso sexual y violencia de género. Por ello la diputada Camila Rojas insistirá en un mecanismo que permita la revocación cuando existan denuncias fundadas, aunque no haya condena.
“Si lo hacemos solo en los casos en que existan condenas, no podrían haberle quitado el Premio Nacional a Hugo Montes, pese a que tiene más de 200 denuncias. Es importante este punto, porque es muy difícil lograr condenas en casos de abusos sexuales, acosos sexuales y violencia de género”, complementa Rojas.
El proyecto continuará su tramitación en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se fijó plazo hasta el 22 de octubre para recibir indicaciones, para su posterior votación en particular.
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